
Esta asignatura, establecida como obligatoria por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE), y defendida a ultranza por el Gobierno que la impulsó frente las protestas que han presentado numerosos ciudadanos, ha recibido su primer golpe serio en los tribunales, al apoyarse en Andalucía el derecho a la objeción de conciencia reclamado por unos padres.
Artículo de Ángel López-Sidro en Aceprensa.
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